Sandra Pavez trabajó como profesora de religión durante más de 20 años en un colegio de Santiago de Chile, desde 1985 hasta 2007.

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Además de profesora de religión fue durante varios años parte de la comunidad eclesiástica siendo monja.

Su carrera de docente, la que Sandra amaba ejercer, se acabó de un momento a otro, después de salir del armario como lesbiana. Como se negó a someterse a terapias de conversión, la Iglesia le revocó el certificado de idoneidad que le permitía trabajar como profesora de religión. Esto porque el país permite escoger a la Iglesia quienes darán las clases de esta materia, un acuerdo firmado durante la dictadura de Pinochet.

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Pero no fue solo eso, en muchas ocasiones fue acosada por sacerdotes de su comunidad que llegaban a su casa, incluso por las noches, para convencerla de revertir su lesbianismo. Incluso llegaron a decirle algo tan doloroso como que por ser lesbiana estaba dañando la memoria de su madre recién fallecida. ¡Brutal!

Desde ese momento y hasta ahora Sandra no ha dejado de luchar por recuperar su derecho, el que ha sido arrebatado injustamente solo por su orientación sexual.

En 2008 Sandra presentó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , que después de 11 años investigando su caso (si que se toman su tiempo) falló a favor de Sandra y culpó a Chile por violar la vida privada y la autonomía de Sandra Pavez, el principio de igualdad y no discriminación, y también el acceso a la función pública y al trabajo en condiciones de igualdad.

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La Comisión, por ende, denunció a Chile a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte está a punto de emitir su fallo, pero parece que Sandra no lo tiene muy fácil porque según ha denunciado Movilh, el Movimiento Chileno de Libertad Homosexual, un poderoso grupo conservador estadounidense está financiando una campaña para que la Corte falle en contra de Sandra. 

Este grupo homófobo se llama ADF International y está ejerciendo mucha presión con la que podría ser la primera condena a un Estado por homofobia religiosa. Movilh afirma que “con esta campaña nuevamente se aprecia como los grupos anti-derechos distorsionan la verdad, buscan legitimar la discriminación y el odio contra las personas LGBTIQ+ e intentan torpedear el Estado laico, todo en el marco de una irracional y peligrosa lesbofobia”.

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