España discrimina a las familias constituidas mediante Gestación Subrogada (GS), negándoles derechos sociales de los que son acreedoras. Otros Gobiernos, por el contrario, incrementan cada día el respeto a la igualdad y la diversidad familiar, implementando normativas que combaten toda marginación. Es este sentido, el estado canadiense de Quebec ha reconocido el derecho a las prestaciones de maternidad en el caso de parejas homosexuales masculinas.
En opinión de Sophie Beauchemin, portavoz del “Conseil de gestión” del Plan de seguro parental de Quebec (Régime québécois d’assurance parentale, RQAP), “Esto debería tener el efecto de hacer la vida más fácil para las familias que llegan con un niño nacido en otra provincia o en otro país”.
La Coalición de familias LGBT y Consejo LGBT de Quebec han dado la bienvenida a esta iniciativa, que permitirá cambiar la legislación y otorgará los beneficios de esa prestación a todo tipo de familias. «Es importante que todas las formas de familias sean tratados en pie de igualdad y que la pareja pueda optar por permanecer, durante los primeros meses de vida, con su hijo. Esta es una decisión importante que la RQAP acaba de tomar «, dijo Gary Sutherland, presidente de la Coalición de familias LGBT.
La mayoría de asociaciones de familias y colectivos LGTB presentaron ante el Ministerio de Trabajo una iniciativa reclamando la concesión de la prestación por maternidad a las familias constituidas mediante GS y rechazando la discriminación en razón del sexo de los padres.
La ministra Fátima Bañez mantiene, desde hace años, una política segregadora de tal calado que, incluso cuando los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos han dado la razón a las familias, ella ha ordenado a la abogacía del INSS impugnar dichas sentencias ante el Tribunal Supremo, tratando de lograr un veredicto diferente que la justifique en su afán discriminador.
Esperemos que el ejemplo canadiense se vaya extendiendo por el mundo y la igualdad sea un concepto real en la aplicación de las políticas sociales. Mientras tanto, el Gobierno de España guarda silencio y no ha respondido a la solicitud presentada por las asociaciones LGTB.