La Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación de Barcelona solicita 21 años de cárcel para el líder del «Proyecto pilla-pilla«, una banda que perseguía en la vida real y en las redes sociales a homosexuales para luego humillarlos y publicarlo en un vídeo. La pena es la máxima permitida. El fiscal reclama estos 21 años por tres delitos contra la integridad moral y dos contra la intimidad. Para el resto de los integrantes (cuatro más) pide condenas de quince, seis y dos años, uno de ellos menor de edad en el momento de los hechos.
Mykola, el cabecilla del grupo, creó en 2013 el «proyecto pilla-pilla», pretendiendo imitar a un grupo ruso de ideología neonazi llamados «Occupy Pedofilya». Se supone que este grupo quiere acabar con la pedofilia pero finalmente iban a la caza del gay para luego intentar viralizar los vídeos que subían a su página de Facebook (que cuenta con miles de seguidores).
Miguel Ángel Aguilar, fiscal contra los delitos de odio de Barcelona, comenta que, al menos, ha habido tres ataques homófobos en Granollers con objeto de humillarlos ya que siempre actúan en superioridad numérica (1 contra 10, como poco).
El modus operandi era engañar a la victima e intentar quedar con ella a través de sus redes sociales. Una vez en la calle le rodeaban, le grababan mientras le hacían preguntas humillantes y le coaccionaban para que declarase ser un pederasta. En otras ocasiones, las preguntas iban dirigidas hacia la orientación sexual de la víctima y hasta les obligaban a dar su nombre, apellidos y DNI que quedaba, por supuesto, grabado y compartido en sus redes de forma pública. Estos vídeos no solo quedaban en sus redes sino que los hacían llegar al entorno de la víctima, muchas de las cuales no habían salido del armario en sus casas, trabajos, etcétera, y con la grave (y falsa) autoinculpación de pederastia.
El fiscal indica también que esto ha creado un «estado de alarma social» entre el colectivo LGTB, que considera atacada su dignidad colectiva además de su integridad física. Por este motivo, las penas serán de cárcel e indemnizaciones de 31.000 euros euros para cada una de las tres víctimas y le prohibición de acercarse a un kilómetro.
Ya sabemos que esa prohibición solo sería efectiva si alrededor de las víctimas pusieran un cordón electrificado porque quebrantar esa «prohibición» es tan sencilla como esperar a que no haya nadie cerca y volver a atacar. Si no fuese así habría miles de mujeres maltratadas mucho más seguras.
