La Corte Suprema analizará, por primera vez en su historia, si las personas LGTB están protegidas de la discriminación laboral, una audiencia histórica sobre una cuestión que genera profundas divisiones en la sociedad y también en los tribunales.

El caso de Aimee Stephens es uno de un conjunto de casos que se empezaron a escuchar ayer, 8 de octubre, y que podría determinar si millones de trabajadores LGTB están protegidos por la ley federal contra la discriminación en el lugar de trabajo más poderosa de los EE. UU.

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El martes por la mañana, un centenar de personas se reunieron delante de la Corte Suprema en Washington en apoyo a los derechos de las minorías, grupo al que se sumó la actriz trans Laverne Cox.

Laverne Cox junto a Aimee Stephens charlando ante la Corte Suprema

El gobierno de Donald Trump ha mostrado abiertamente su apoyo a los empleadores. La administración republicana, que accedió al poder con el apoyo de la derecha evangélica, se ampara en una lectura estricta de una ley federal de 1964 que prohíbe, entre otras, la discriminación «en base al sexo».

«El ‘sexo’ se refiere aquí a si naciste mujer u hombre, no a tu orientación sexual o identidad de género«, argumentó el representante legal del gobierno ante la Corte Suprema, Noel Francisco, quien considera que es competencia del Congreso y no de la justicia actualizar la ley.

Sin embargo, los derechos de las minorías sexuales han tenido avances gracias a los tribunales, incluida la Corte Suprema, que en 2015 legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos.

Desde la histórica decisión sobre el matrimonio igualitario, la Corte se ha inclinado hacia el conservadurismo, con la llegada de los jueces nombrados por Donald Trump, por lo que una victoria para la comunidad LGTB no está garantizada

Solo 22 estados prohíben la discriminación de las minorías sexuales en el ámbito profesional. En los demás estados, es la Corte Suprema la que puede quitar a las personas LGTB su estatus de (ciudadanos) de segunda categoría», dijo Ria Tabacco Mar, de la asociación de defensa de los derechos civiles ACLU.

La Corte Suprema comenzará por escuchar los casos de Donald Zarda y Gerald Lynn Bostock. Donald Zarda, un instructor de paracaidismo de Nueva York, fue despedido tras bromear con una clienta sobre que era homosexual. Zarda murió en un accidente en 2014, pero su familia ha continuado la disputa legal. Bostock, un trabajador social del estado de Georgia, fue despedido después de unirse a un equipo deportivo gay. El despido de Zarda fue anulado por la justicia, pero el de Bostock se ratificó en un tribunal. Esa diferencia de interpretación de la ley justifica la intervención de la Corte Suprema.

Por otro lado, los nueve magistrados examinarán públicamente, por primera vez, el caso de una persona trans.

Nacida como hombre, Aimee Stephens trabajó durante seis años en una funeraria de Detroit, estado de Michigan. Cuando anunció a su jefe su decisión de asumir completamente su identidad femenina, recibió dos semanas después por respuesta un «esto no va a funcionar». Y fue despedida.

Aimee Stephens junto a su esposa (izq.)

El propietario de la funeraria, Thomas Rost, quien se describe como un «ferviente cristiano», alega que su decisión se basa en la defensa de sus valores y en la necesidad de «evitar todo lo que pueda molestar» al luto de sus clientes.

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La decisión le afectó emocionalmente, pero Stephens se armó de valor y decidió luchar. «Es tiempo de que alguien se levante y diga que ya es suficiente«, dijo Stephens. «No estamos pidiendo que nos traten diferente, sino igual».

Ahora solo queda esperar… La decisión de los jueces puede significar prohibir la discriminación laboral a la comunidad LGTB por primera vez en todo el país.

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