Rumanía ha dado la espalda de forma contundente al referéndum celebrado este fin de semana que pretendía vetar constitucionalmente los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Con un 20,4% de participación, la consulta no alcanzó el umbral del 30% necesario para ser válida. El fracaso de la jornada supone un varapalo para el Gobierno socialdemócrata, acuciado por los escándalos de corrupción y los requerimientos de las instituciones europeas.
El referéndum, impulsado por la conservadora Coalición por la Familia y apoyado por la Iglesia Ortodoxa, necesitaba el 30% para salir adelante. Sin embargo, solo el 20,4% de los ciudadanos fue a votar. Y ello pese a que, de forma inusual, el Gobierno dio dos días para ejercer el derecho al sufragio.
Las asociaciones por los derechos humanos y activistas LGTBI habían llamado a la abstención para boicotear la jornada. La consulta planteaba si la Constitución debía ser modificada para cambiar la definición de “matrimonio”. La ley ahora fija que es “la unión libremente consentida entre dos esposos”. El cambio sometido a referéndum lo ciñe al vínculo “entre un hombre y una mujer”.
Ante las críticas internacionales y el tremendo malestar en su familia política europea, la primera ministra rumana, la socialdemócrata Viorica Dancila, aseguró que su partido no haría campaña. Y a eso se han vuelto a agarrar los líderes socialdemócratas tras constatar el rechazo de la ciudadanía a participar en el referéndum.
Sin embargo, en la práctica no ha sido así. Vlad Viski, director ejecutivo de la organización LGTBI rumana MozaiQ, ha denunciado una campaña que ha definido “llena de odio”. “Ha habido un lenguaje agresivo, violento, en el que se ha llegado a decir que si gana el no se abriría la puerta a matrimonios con animales o a la poligamia”, ha denunciado.