Activistas de la comunidad LGTB de Cuba acaban de lanzar una campaña en internet de recogida de firmas con un total de once demandas con las que el colectivo pretende «hacerse escuchar» teniendo en cuenta «la anunciada revisión de la Constitución de la República de Cuba».

Son varias las cuestiones que consideran que deber ser «incluidas en las transformaciones que precisa la Carta Magna de nuestra República para garantizar la equidad y calidad de ciudadanía de todos los seres humanos en nuestra sociedad».

En primer lugar, los activistas reclaman «libertad de asociación con amparo legal, que estimule el crecimiento y organización de la sociedad civil sensibilizada con la promoción y defensa de los derechos de las personas LGTB» en Cuba.

Como segunda demanda piden el «libre acceso a los medios de comunicación para desarrollar campañas públicas contra la discriminación, amplificar las demandas, visibilizar la realidad y problemáticas de las personas LGTB, y para construir comunidad».

Al mismo tiempo, demandan «apoyo explícito por parte de funcionarios públicos, diputados a la asamblea nacional y decisores de políticas hacia la condición de las personas LGTBIQ, así como el reconocimiento del acoso sufrido por este grupo, y disculpas públicas como única vía de reparación histórica».

También exigen una «legislación sustantiva que legitime los derechos de las personas LGTBIQ y se proteja de manera efectiva de las discriminaciones en los ámbitos públicos, institucionales, familiares, así como servicios públicos de la economía estatal y privada, insertada en una Ley General contra las Discriminaciones».

En ese sentido, abogan por un «reconocimiento legal de las familias homoparentales, base fundamental para una necesaria legalización futura de la adopción y acceso a los métodos de reproducción asistida».

Esto va directamente relacionado con que se garantice «un reconocimiento de las uniones legales (matrimonio igualitario) en parejas de homosexuales».

Además aspiran a «acceso de las personas trans fuera de la capital cubana, a tratamientos especializados y terapias hormonales en sus propios territorios, y en sus propios términos«, así como «incorporar temas sobre diversidad sexual en todos los niveles de enseñanza pública».

Por último piden la implementación de «programas de capacitación y sensibilización hacia las personas LGTB dirigidos a los miembros de la PNR y demás autoridades responsables de hacer cumplir la ley«, así como la «capacitación a los profesionales de la salud sobre diversidad sexual y reproductiva para la asistencia efectiva a personas LGTB».

La Isla continúa en la cola de los derechos del colectivo.

Mariela Castro, hija de Raúl Castro y defensora del matrimonio igualitario, declaró hace algunos meses que tiene preparado un proyecto de ley que modificaría el Código de Familia vigente, aunque no ha dado detalles de qué se trata.

En una entrevista el pasado año, la diputada se escudó en que «las leyes no logran modificar los prejuicios ni las conciencias» para justificar la ausencia de una legislación para el matrimonio entre parejas del mismo sexo en la Isla.

En esas mismas declaraciones dijo que «Cuba no ha adoptado una ley a favor del matrimonio igualitario porque no se puede repetir lo que hacen otros» y porque, además, esto no asegura «el fin de los crímenes de odio hacia ese grupo«.

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