Georgia ha dado un paso atrás en los derechos LGTB con la aprobación de una ley que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de parejas LGTB. Esta medida ha generado una gran controversia y ha sido vista por muchos como una violación de los derechos humanos y una barrera hacia la igualdad.
La ley, aprobada por el Parlamento de Georgia, establece que el matrimonio es únicamente entre un hombre y una mujer, reafirmando una definición tradicional que ya estaba en la Constitución del país desde 2018, pero que ahora se ha vuelto aún más restrictiva. Además, la normativa prohíbe que las parejas del mismo sexo adopten niños, eliminando cualquier posibilidad de que las personas LGTB puedan formar familias legalmente reconocidas en el país.
El gobierno georgiano, liderado por el partido Sueño Georgiano, ha justificado la medida bajo argumentos que defienden la «preservación de los valores tradicionales», y aseguran que esta ley refleja el deseo de la mayoría de la población georgiana. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y activistas tanto locales como internacionales han expresado su condena, argumentando que esta legislación fomenta la discriminación y va en contra de los avances globales hacia la igualdad de derechos para las personas LGBTQIA+.
Respuesta internacional
Georgia, una nación ubicada en la intersección de Europa y Asia, tiene una población mayoritariamente ortodoxa y conservadora. Aunque ha firmado acuerdos internacionales que promueven los derechos humanos y es parte del Consejo de Europa, el país sigue enfrentando tensiones internas entre los valores tradicionales y los derechos civiles modernos.
Desde que se supo de la aprobación de esta ley, ha habido múltiples protestas, tanto dentro de Georgia como a nivel internacional. Activistas LGTB han denunciado el retroceso en los derechos y han pedido a las organizaciones internacionales, como la Unión Europea y Naciones Unidas, que presionen a Georgia para revertir esta medida. La Comisión Europea también ha expresado su preocupación, ya que el respeto a los derechos humanos es uno de los requisitos clave para el acercamiento de Georgia a la UE, un objetivo que el país ha estado persiguiendo durante años.
Esta ley tiene un impacto devastador para nuestro colectivo en el país, que ya enfrenta altos niveles de discriminación y violencia. El matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo son derechos fundamentales que permiten a las personas formar familias y tener una vida plena en igualdad de condiciones, pero esta legislación los priva de esas posibilidades.
Además, se teme que esta ley pueda aumentar los niveles de hostilidad y agresión hacia la comunidad LGTB en Georgia, ya que, al ser institucionalizada, refuerza los prejuicios y la discriminación. Para muchas parejas, la única opción será emigrar a países donde puedan vivir abiertamente y tener derechos iguales, lo que también representa una pérdida de talento y diversidad para la sociedad georgiana.
