En Ginebra, el 30 de septiembre de 2020, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, presentaba el Informe ILGA sobre Derechos Humanos de las Personas Trans.

Al día siguiente, en Bruselas, se conocía la composición del nuevo Gobierno de Bélgica, entre cuyos integrantes se encuentra Petra De Sutter.

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Ser trans «no te define como persona y no es un problema». «Espero que mi nombramiento como ministra y vice primera ministra pueda desencadenar el debate en países donde todavía no es así».

De esta manera hablaba De Sutter tras convertirse en la primera mujer trans que alcanza en Europa el cargo de ministra.

Cuatro años antes, el 1 de octubre de 2016, Audrey Tang era designada ministra en el ejecutivo taiwanés, ocupando el puesto de Ministra Digital. Fue la primera vez en el mundo que una mujer trans ocupaba tan alto cargo.

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El nombramiento de De Sutter supone un hito para la visibilidad trans en el continente y en todo el mundo. Es un hecho histórico, con el que se rompe otro techo de cristal, y se convierte, por derecho propio, en un referente positivo para miles de personas.

Las felicitaciones han llegado de todas partes. En nuestro país la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) o la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, dependiente del Ministerio de Igualdad, han mostrado su alegría y satisfacción por este nombramiento.

Por contra, la Delegación Federal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales del Partido Socialista Obrero Español, han mantenido un silencio sepulcral. Llamativo, pero nada sorprendente si se tiene en cuenta el actual discurso transfóbico del PSOE.

En este contexto, hay que volver la mirada al informe de ILGA.

En él se detalla que hay estados que han avanzado hacia el reconocimiento legal de género a través de un proceso de autodeterminación, lo cual constituye el estándar a seguir.

En el polo opuesto, «Hasta la fecha, al menos 13 Estados miembros de la ONU en todo el mundo criminalizan explícitamente a las personas trans, pero sabemos que una amplia gama de normas es utilizada para perseguirlas en muchos más países».

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Es ahí, en esas normas que, sin criminalizar, no admiten derechos, donde crece la transfobia. Es ahí, cuando se niega la autodeterminación de género, cuando brota el estigma. Y es ahí donde nacen los insultos y se envalentonan los odiadores, donde se genera que en calles, redes sociales, prensa y otros ámbitos, se hable de las mujeres trans llamándolas tíos, como ha sucedido estas semanas con la señora De Sutter.

El informe ILGA especifica que «En Europa, Bélgica, Francia, Grecia, Luxemburgo y Portugal adoptaron leyes que no medicalizan ni patologizan los procesos de cambio de marcador de género». En el resto, incluida España, lo contrario es la regla, pese a ser una violación de los derechos humanos.

Para corregir esta situación, las agrupaciones LGTBIQ+, y en especial las asociaciones de familias y personas trans, llevan tiempo buscando la aprobación de una ley estatal que reconozca derechos como la autodeterminación de género y la despatologización. Sin embargo, en el contexto actual, parece una aprobación casi imposible dado que la transfobia está cada vez más asentada entre los asesores del gobierno y las instituciones.

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No, nuestro país no se encuentra entre los estados europeos que mejor respetan los derechos de las personas trans. Y nunca lo estará si se permite que la conjunción de partidos políticos con organismos ultrareligiosos y alianzas LGB (sin T) se consolide e inocule su veneno a la sociedad.

«Espero que mi nombramiento como ministra y vice primera ministra pueda desencadenar el debate en países donde todavía no es así». Lo ha hecho, señora Ministra. Lo ha hecho. En España el debate está servido.

Falta saber si ganará el respeto a los derechos humanos o el rencor.

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