Si España fuese un país decente, el 2 de junio de 2015 habríamos asistido a la dimisión del  Excmo. Sr. Don Rafael Catalá Polo, Ministro de Justicia y Notario Mayor del Reino de España, por mentir.

Esa dimisión no se producirá.

Para que ocurriese, sería indispensable un nivel de dignidad y honradez que el Ministro no es que no posea, es que ni siquiera imagina. Rafael Catalá ha mentido a los españoles y a los diputados. Lo ha hecho en sede parlamentaria. En las Cortes Generales. Claro que, para el valor que le concede a su palabra, hubiese dado igual que hubiese mentido en un burdel de carretera.

El 11 de diciembre de 2014 el Ministro anunciaba, en el Pleno del Congreso, que España reconocería el derecho de inscripción, en el Registro Civil, de los hijos de españoles nacidos mediante técnicas de gestación por sustitución en el extranjero. Ocurría durante el debate de totalidad del Proyecto de Ley de reforma del Registro Civil y la Administración de Justicia. Los periódicos se hacían eco del pronunciamiento con frases como “El PP presentará una enmienda para que los menores nacidos por esta técnica en el extranjero puedan finalmente ser registrados oficialmente”. Era la respuesta del Gobierno de España a dos recientes sentencias (hoy ya son tres), sobre gestación por sustitución, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Era la implicación del Gobierno con la salvaguarda del Interés Superior del Menor.

Esta afirmación fue la única que cosechó aplausos de todos los grupos parlamentarios. De todos.

El eco, la relevancia de la noticia, llegó hasta la Conferencia Internacional de Derecho Privado de La Haya que, desde hace unos años, realiza el seguimiento de la Gestación Subrogada en Europa, y otros lugares, de cara a su regulación internacional. La afirmación fue tomada por el organismo internacional como una verdad, un compromiso. Los pobres, ingenuos, no sabían a quién estaban dando crédito.

En su informe de febrero de 2015, página 14, La Haya dice: “…on 11 December 2014, the Spanish Minister of Justice stated that an amendment to the draft Spanish Law on Civil Registries, currently before parliament, would be proposed in order to ensure that the specific provision on registration of a child following an ISA complies with the recent ECtHR decisions. The new draft provision has not yet been made available…

Que en febrero de este año todavía no estuviese disponible el texto legal, cuando era un tema que había dado por organizado y consensuado el anterior equipo ministerial, debía haber hecho recelar a la Conferencia. Pero ¿cómo se iban a imaginar los miembros de La Haya que un Ministro, en el propio parlamento del país, mentía? No sabían con quién trataban. Desconocían que era un Ministro del Partido Popular. No sabían lo que eso significaba. Ahora lo deben de tener más claro.

Se van a quedar esperando que España les presente el proyecto. El día para hacerlo hubiese sido a renglón seguido de aquel 11 de diciembre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo… aún el día 1 de junio la Directora de Gabinete del Ministro, doña Pilar Ponce, pedía documentos, informes y afirmaba que estaban preparando una enmienda garantista (¡si eso ya estaba desde hacía casi un año!). Al final llegó la Comisión de Justicia del día 2 de junio de 2015 y el Partido Popular no hizo nada.

Nada de nada. Ni el interés del menor, ni la insistencia del Tribunal Supremo para que se legisle, ni la actitud de organismos internacionales, nada ha evitado que el PP se ponga de perfil y deje a cientos de niños con una situación legal incierta. ¡Tanta preocupación por el concebido! Para acabar, con el niño nacido, olvidando lo prometido.

La palabra de un Ministro del Gobierno de España carece de valor. Un Ministro del Partido Popular que, por si había dudas, quiere dejar claro que la decencia no le acompaña ni en el deber, ni en los gestos, ni en las palabras.

Al señor Catalá sí le importa impedir que fotógrafos y televisiones graven a los presuntos corruptos del PP, cuando son introducidos en el coche policial, “con una mano en la nuca”. Ahí se legislará para evitar que España vea la ignominia de los amigos. A los niños, simplemente, se les desprecia.

No es que la promesa del Ministro popular quede en arena escapando entre los dedos.

No es que el Ministro popular carezca de legitimad tras su clamorosa falta a la verdad.

Es que es una actitud miserable.

En España, un país sin integridad en la clase política, se permite ser Ministro, y seguir cobrando por ello pese a engañar a los españoles, a cualquier tiralevitas que, con todas las de la ley, adule al líder que toca en cada legislatura.

Vergüenza para usted Ministro. Vergüenza por su mendacidad y su cobardía.

¡Vergüenza!

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