Nikolai Alekséyev es periodista, abogado, gay y activista ruso que, con otras seis personas, presentaron 51 demandas contra Rusia por vulnerar los derechos de lesbianas, gays, trans, intersexuales y demás orientaciones e identidades.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha publicado su veredicto en el caso «Alekséyev y otros contra Rusia» y es la condena a Rusia por ‘prohibir actos públicos convocados por grupos LGTB entre 2009 y 2014, discriminar a este colectivo y no permitirles presentar un recurso efectivo contra las decisiones judiciales.’
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La mayoría de las peticiones se quejaban del continuo rechazo de las instituciones rusas de autorizar manifestaciones LGTB. Ahora, según la sentencia, «no puede ser justificado por ningún imperativo en defensa del orden, por lo que ha vulnerado el derecho a la libertad de reunión». Además, insta a Rusia a dejar de incluir en sus prohibiciones sus convicciones personales ya que el propio Alcalde de Moscú ha hecho declaraciones públicas en contra del colectivo y de sus manifestaciones.
La sentencia es muy parecida a otra, dictada en 2010 y a petición también de Nikolai, en la que también tuvo que intervenir el Tribunal de Estrasburgo. Las conclusiones han sido: vulneraciones de los derechos a la libertad de reunión, a un recurso efectivo y la prohibición de la discriminación, en referencia a las prohibiciones del Día del Orgullo en 2006, 2007 y 2008.
«No era suficiente para justificar las prohibiciones, ya que las autoridades de Moscú no hicieron un esfuerzo adecuado para evitar los disturbios»
De los 7 jueces y juezas, seis han votado a favor y una en contra. Hellen Keller, la jueza suiza que ha votado en contra de esta resolución considera que el haber impuesto una sanción económica a Rusia «hubiera supuesto una compensación más firme, dando a Rusia un incentivo financiero para corregir la situación lo antes posible y evitar futuras violaciones». Finalmente, la sentencia ha sido reprobar la actuación de Rusia pero sin indemnización, ya que la mayoría cree que la sentencia en sí misma constituye una indemnización suficiente en cuanto a los daños morales. Las cuantías solicitadas estaban entre los 5.000 y los 500.000 euros.