Goodluck Jonathan, el expresidente de Nigeria tristemente conocido por firmar la ley que agrava el tratamiento penal de la homosexualidad, ha abierto la posibilidad de un cambio en esta legislación represiva. El mandatario supedita esta modificación a la evolución de las mentalidades de la sociedad africana.

La ley nigeriana castiga con penas que pueden llegar hasta los 14 años de cárcel (en el sur cristiano) o incluso hasta la muerte por lapidación (en los estados del norte en los que se aplica la ley islámica) por el delito de sodomía, es decir, por relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. La reforma que agrava el tratamiento penal para todo aquello relacionado con la homosexualidad contempla penas de 10 años de prisión por la exhibición pública o privada de una relación afectiva entre dos personas del mismo sexo, así como la pertenencia a cualquier tipo de asociación u organización de defensa de los derechos LGTB.

Tras su paso por la Cámara de Representantes y el Senado, el entonces presidente Goodluck Jonathan sancionaba con su firma en enero de 2014 la normativa homófoba. Su portavoz afirmaba, después de confirmar la ratificación, que “la ley está en línea con nuestras creencias culturales y religiosas como pueblo. Creo que esta ley está hecha para el pueblo y que lo que ha hecho el gobierno es consistente con lo que prefiere su entorno”.

Sin embargo, un año después de su salida de la presidencia, Jonathan muestra una postura más tolerante con la realidad LGTB. Durante su intervención en un foro en Londres el lunes pasado, el expresidente apeló a la igualdad de derechos de todos los nigerianos y abrió la puerta a una reforma legal despenalizadora: “La nación podría en su debido momento revisar la ley a la luz de los crecientes debates”, en Nigeria y el resto del mundo, sobre “la igualdad de trato y la no discriminación”. Eso sí, teniendo en cuenta que “el asunto de la orientación sexual aún está en desarrollo”.

A falta de ver si alguien en Nigeria toma nota de las palabras del exmandatario, hay que felicitarse al menos de que Jonathan utilice conceptos que no estamos acostumbrados a escuchar de un gobernante africano. Esperemos que discursos como este vayan calando en un país en el que, por desgracia, la homofobia social y de Estado está a la orden del día y tiene terribles consecuencias.

Nigeria: violencia social y de Estado

Y es que desde la promulgación de la ley que agrava el tratamiento penal para todo aquello relacionado con la homosexualidad, no han cesado de sucederse los actos de barbarie de la población civil contra las personas LGTB, alentados por los líderes políticos y religiosos que han creado un ambiente de profunda homofobia social.

En enero de 2014, una multitud de miles de personas rodeaba un tribunal islámico, donde se juzgaba a once hombres acusados de practicar la homosexualidad, exigiendo su ejecución inmediata. Meses después, cuatro de los detenidos, que confesaron los hechos probablemente bajo tortura, fueron condenados a recibir públicamente 15 latigazos y al pago de una multa o un año de prisión.

En febrero del mismo año, otra horda enfurecida asaltó los domicilios de doce homosexuales en la capital, Abuja, a quienes terminaron por arrancar de sus casas y golpearles incluso ante las puertas de la comisaría local. En las mismas fechas, en la localidad sureña de Port Harcourt, otros dos homosexuales fueron arrastrados fuera de su hogar y obligados a realizar actos sexuales ante una multitud agresiva.

En enero de 2015, la policía islámica de Kato, una ciudad al norte de Nigeria, comunicaba la detención de doce personas por participar en la celebración de una supuesta boda entre dos personas del mismo sexo. La ley vigente en Nigeria, anteriormente citada, castiga con hasta 14 años de prisión a quienes participen en una ceremonia de unión homosexual. Y hace algo más de un mes, seis jóvenes fueron detenidos en Benin City acusados de mantener relaciones sexuales.

Actuaciones de este tipo provocaron que el Parlamento Europeo aprobara en marzo de 2014, con el acuerdo de los principales grupos, una resolución de condena a las leyes homófobas de Uganda y Nigeria. El texto de la resolución solicitaba su derogación y proponía que si no había marcha atrás se suspendiese a los dos países del acuerdo de Cotonú sobre intercambio comercial y asistencia entre la Unión Europea y los estados de África, Caribe y Pacífico.

Sin embargo, la directora del programa africano del Centro Europeo para la Gestión de Políticas de Desarrollo (ECDPM), Faten Aggard-Clerx, muy crítica con lo que considera una postura hipócrita de la Unión Europea, se preguntaba, en referencia a Nigeria, si el organismo europeo está dispuesto a “mantener sus valores a pesar de sus intereses en algunas partes de África”. Aggard-Clerx denunciaba que la Unión Europea no había alzado la voz contra las leyes homófobas aprobadas en Etiopía en 2004, pero sí lo hacía una vez que las condenas por homosexualidad iban a carecer de la posibilidad de indulto. También ponía el ejemplo del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, muy criticado por aprobar una ley fuertemente homófoba, pero alabado por su papel en Sudán del Sur.

Fuente: Dosmanzanas

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