El anteproyecto de la Ley Valenciana para la Igualdad de las Personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) liderado por la Conselleria que dirige la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, garantizará el “derecho a la igualdad real y efectiva de estos colectivos”, y recogerá multas de hasta 45.000 euros en los casos de incumplimiento de la normativa.

La nueva normativa prohibirá el uso de métodos, programas o terapias de aversión destinados a modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas y para ello establece que pueden llegar a considerarse como una infracción muy grave, lo que puede llevar aparejado sanciones de hasta 45.000 euros. Además, en caso de existir indicios razonables fundamentados de hechos discriminatorios se aplicará la inversión de la carga de la prueba.

El borrador de la ley reconoce el derecho a la igualdad y la no discriminación, defiende a las familias “en plural” y considera la diversidad sexual como un valor, con medidas en el ámbito educativo, sanitario y de la seguridad.

Entre las novedades de la ley valenciana respecto a las aprobadas por otras comunidades, está el tratamiento a los intersexuales, colectivo al que se dedica un capítulo específico de la ley, que sitúa “a la vanguardia” a la Comunitat Valenciana, y para el cual prevé unidades de referencia que atiendan a estas personas con un itinerario individual de atención sanitaria integral.

Representantes del Consell, los grupos políticos y diferentes colectivos que han participado en la presentación del anteproyecto de ley LGTBI

La nueva legislación prestará una atención integral real y efectiva a las víctimas de violencia por LGTBIfobia, con un protocolo específico para ello, y establecerá sanciones por incumplimiento de la ley por vulneración de los derechos de estas personas.

En cuanto al sistema sanitario público, la ley recoge que se promoverá la realización de programas y protocolos específicos para este colectivo, que den respuesta a las necesidades propias y en particular a la salud sexual y reproductiva de las personas LGTBI.

Del mismo modo, incluye que la garantía del acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública a todas las personas con capacidad gestante o sus parejas en condiciones de igualdad.

Según la Generalitat, se garantizará una atención psicosocial integral y adecuada a las necesidades médicas, psicológicas, jurídicas, sociales, laborales y culturales de estas personas. Existirán unidades de referencia específica, y se elaborará un itinerario individual de atención sanitaria integral.

Entre las novedades de la norma, también se encuentra la creación del Consejo Valenciano LGTBI, que «velará por el desarrollo de la ley y realizará su seguimiento y evolución. Se trata de un espacio de participación ciudadana de carácter consultivo, y en el que estarán presentes tanto las administraciones competentes como asociaciones, organizaciones sindicales y personas expertas», de acuerdo con fuentes de la Generalitat.

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