El Gobierno de Estados Unidos ha decidido no facilitar visados a parejas del mismo sexo de diplomáticos extranjeros y funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a menos que estén casados, y ha asegurado que esta medida busca equiparar su situación a la de sus propios representantes en otros países.

Washington calcula que la nueva normativa afectará a unas 105 familias que actualmente residen en territorio estadounidense, 55 de las cuales estarían directamente vinculadas a organismos internacionales. Tras la aplicación de la nueva norma, las familias a quien esta situación afecta directamente disponen de tres meses para casarse o perderán el visado.

La norma, vigente actualmente para las parejas heterosexuales, se extiende con el fin de equiparar, según aclara el Ejecutivo, el tratamiento a todas las familias de diplomáticos.

Hasta el momento, estas parejas quedaban exentas de cumplir con el requisito. Sin embargo, desde la nueva aplicación, los diplomáticos y funcionarios estadounidenses de la ONU con pareja deben estar “legalmente casados” para que su acompañante obtenga el visado con las mismas condiciones.

“El propósito de esta política es dar el mismo tratamiento a todas las familias y parejas, y obedece a la decisión del Tribunal Supremo de legalizar el matrimonio de las personas del mismo sexo”, aseguró la representante del Gobierno.

El Gobierno contempla buscar alternativas en casos puntuales. “Si un diplomático representa a un país en el que el matrimonio del mismo sexo no es legal, pero que reconoce y concede las credenciales a las parejas de los diplomáticos de EEUU, la pareja de ese (primer) diplomático podría obtener algún tipo de visado“, comentó la fuente, que recalcó que la medida obedece al principio de reciprocidad entre países.

Hasta ahora, si un diplomático solicitaba un visado de acompañante para su cónyuge del mismo sexo, EEUU pedía únicamente que fuesen pareja de hecho.

Ante ello, la respuesta de la comunidad LGTB no se ha hecho esperar, mostrando su rechazo a la nueva ley, impuesta por la Administración de Donald Trump, quién defendió que la regla “no es un ataque” sino “un avance hacia un trato igualitario”.

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