Doce asociaciones en defensa de los derechos de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales han presentado conjuntamente un escrito ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el que apremian a la ministra Fátima Báñez para que ponga fin a la política discriminatoria, en relación a la prestación por maternidad, que sufren las familias que recurren a la gestación por sustitución para tener hijos e hijas.
Las entidades sociales, que presentaron el escrito el martes 17 de noviembre, son Fundación Triángulo y su área de familias, FELGTB, GALEHI, GALESH, FLG, DIFAM, Ben Amics, GEHITU, COGAM, Defrente, No Te Prives y Son Nuestros Hijos.
Ataque a los derechos de las familias que recurren a la gestación por sustitución
Las asociaciones instan al Gobierno a no seguir conculcando los derechos de los menores y la conciliación de la vida laboral y familiar de sus progenitores, discriminando a estas familias respecto al resto de cotizantes a la Seguridad Social, con el argumento de que su modelo de familia no está recogido por la ley. Estas familias ven denegada, sistemáticamente, la prestación por maternidad por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Además, cuando los juzgados de lo social -e incluso los Tribunales Superiores de las comunidades autónomas- dan la razón a las familias, éstas sufren el ensañamiento del INSS, que sigue recurriendo las sentencias ganadas, cuestionando la filiación que otras instancias de la administración han reconocido anteriormente o alegando a marcos de mínimos europeos que quedan superados por legislación nacional que extiende más derechos a las familias españolas.
17 sentencias contrarias al Instituto Nacional de la Seguridad Social
Desde 2009, los Tribunales Superiores de Justicia de ocho comunidades autónomas se han pronunciado ya en 20 demandas de las familias para salvaguardar sus derechos, y en 17 de ellas han dado la razón a éstas en su reivindicación de recibir la prestación por maternidad. No obstante, el INSS ha recurrido o anunciado recursos al Tribunal Supremo en diversos procesos, causando un perjuicio económico a estas familias, pues, aunque ganen, no recuperarán las importantes costas judiciales que conlleva su reclamación.
La comunidad LGTBI insta al Gobierno a cesar en su actitud hostil hacia las familias que recurren a la gestación por sustitución en el extranjero. Además, requiere al Gobierno a modificar con urgencia la laguna legal que las discrimina, equiparando el derecho al que tienen el resto de familias cuando se produce la llegada de un menor a ese núcleo familiar, así como el de los progenitores a poder disfrutar del permiso de maternidad para cuidar de sus recién nacidos. Muchas familias se ven abocadas a renunciar a su derecho de conciliación familiar y laboral porque no pueden asumir el elevado coste que implica su reclamación judicial.
Las entidades lamentan que la obcecación del INSS se convierta en una evidente discrimi–nación hacia las familias LGTBI, como demuestra el hecho de que, de los 20 litigios que han llegado a los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, casi todos son interpuestos por progenitores del mismo sexo o personas solteras. Asimismo, requieren al INSS a que adapte sus formularios a la diversidad familiar, reflejando la realidad de las familias constituidas por dos padres, dos madres, un solo padre o una sola madre, y que sustituya el nombre de los permisos de paternidad y maternidad por otros más ajustados a la diversidad familiar de la sociedad española.
La gestación por sustitución en España
En España, la gestación por sustitución está discriminada respecto al resto de las técnicas de reproducción asistida, hecho que obliga, a muchas familias, a recurrir a este procedimiento de medicina reproductiva en otros países donde sí se puede llevar a cabo con garantías. Se calcula que son entre medio millar y un millar de familias las que recurren a la técnica cada año. La Dirección General de los Registros y el Notariado impulsó una instrucción en 2010 con la que se procede a inscribir en el Registro Civil a los niños y niñas, hijos e hijas de españoles, nacidos mediante gestación por sustitución en un país donde la técnica esté regulada y exista una resolución que garantice los derechos de todas las partes.
Entidades sociales como la Asociación por la Gestación Subrogada en España y Son Nuestros Hijos (SNH) han pedido al Gobierno que inicie un proceso de regulación de esta técnica de reproducción asistida en nuestro país para evitar la discriminación de aquellas familias que no se pueden costear el tratamiento fuera de nuestras fronteras, así como atajar el flujo de familias hacia países donde no se garanticen con claridad los derechos de las mujeres gestantes.
Reivindicamos el acceso de todos los españoles y españolas, sin distinción de sexo u orientación sexual ni estado civil, a la técnica o técnicas reproductivas indicadas para cada caso concreto, de modo que se acaben definitivamente las discriminaciones que se imponen en el acceso a las mismas.