La adolescente celebró su 15 cumpleaños con un jersey de rayas arcoíris y un pastel multicolor. Su madre, Kimberly Alford, publicó una foto de la celebración del cumpleaños en las redes sociales. Tras esto, recibió un correo electrónico del director de la escuela diciendo que su hija iba a ser expulsada «inmediatamente debido a una publicación en las redes sociales».

La imagen con el pastel de arcoíris y el suéter «demuestra una postura de moralidad y aceptación cultural contraria a las creencias de la Academia Whitefield«, dijo la escuela. Además, según los informes, le dijo que el pastel de arcoíris llegaba después de dos años de «violaciones de estilo de vida».

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Alford criticó a los funcionarios de la escuela por poner una etiqueta a su hija y dijo que usar los colores del arcoíris no significaba necesariamente que su hija fuera homosexual. «Ella no hizo nada malo», agregó.

Según una demanda presentada por los padres de la niña, la escuela fue a los medios de comunicación, violando su privacidad.

Foto del pastel de la celebración realizada por Kimberly Alford

Esto fue mediante un artículo publicado por American Conservative, que los padres de la niña dicen que hablaban de la niña como una persona LGTB sin su consentimiento.

El artículo incluía las publicaciones de Instagram de la niña, usadas sin su permiso, según la demanda, que el autor dijo «probar» que es bisexual o lesbiana.

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La niña no estaba lista para salir del armario públicamente, según la demanda. En cambio, «se vio obligada a confrontar abruptamente su identidad» como resultado del artículo en American Conservative.

Ahora, los padres de la niña de 15 años demandan a la escuela, por expulsarla, y al editor de la revista, por invadir su privacidad y como resultado la obligaron a salir como LGTB.

«[La niña] es una niña que ha sido acosada y maltratada por una escuela que sus padres pagaron y en la que confiaron para mantenerla a salvo«, dice la queja.

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«La escuela fue a los medios para defenderse», dijo Georgia Connally, abogada que representa a los padres de la niña.

“Tienen una política de privacidad, una política de confidencialidad, que también está en el contrato, y no la siguieron. Y eso puso a una niña en peligro».

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